Una nueva ley filipina sobre
“ciberdelincuencia” endurece considerablemente las penas previstas para el
delito de injurias y otorga a las autoridades facultades excesivamente amplias
e indiscriminadas para cancelar sitios web y controlar la información que se
publica en línea, señaló hoy Human Rights Watch. El presidente Benigno Aquino
III promulgó la Ley de Prevención de Ciberdelincuencia de 2012 el 12 de septiembre de este año.
Las sanciones penales establecidas por la norma
para casos de injurias a través de Internet, además de otras restricciones,
constituyen una grave amenaza para la libertad de expresión en Filipinas. Se han interpuesto una serie de recursos ante la Corte
Suprema de Filipinas para conseguir que este tribunal, entre otras cosas,
declare la inconstitucionalidad de la ley en razón de que viola las garantías
de libertad de expresión consagradas en la Constitución de Filipinas y diversos
tratados de derechos humanos ratificados por el país.
“La ley sobre ciberdelincuencia debe ser
derogada o reemplazada”, manifestó Brad Adams, director para Asia. “Vulnera el derecho de los filipinos a
la libertad de expresión y resulta absolutamente incompatible con las
obligaciones del gobierno de Filipinas conforme al derecho internacional”.
Esta norma reciente define nuevos actos que se
incluyen en la categoría de “ciberdelitos”. Entre los actos prohibidos se
encuentran el “cibersexo”, la pornografía infantil en línea, el acceso ilegal a
sistemas informáticos o la piratería informática, el robo de identidad en línea
y el envío de mensajes de correo electrónico no deseados.
La sección sobre injurias dispone que este
delito de naturaleza penal, que ya se definía en el artículo 355 del Código
Penal Revisado de Filipinas, se aplicará en adelante a aquellos actos
“cometidos a través de sistemas informáticos o cualquier otro medio similar que
se diseñe en el futuro”. La nueva ley prevé una sanción significativamente más
severa para las injurias proferidas a través de medios informáticos, y aumenta
doce veces la pena mínima, que inicialmente era de seis meses y ahora es de
seis años. A su vez, la pena máxima se duplica de 6 a 12 años de prisión.
“Cualquier persona que utilice las redes
sociales o publique contenidos en línea se expone ahora a la posibilidad de
recibir una pena de prisión prolongada si alguno de sus lectores —entre ellos,
los funcionarios gubernamentales— interpone una demanda por injurias”, aseveró
Adams. “Las expresiones presuntamente difamatorias, expresadas tanto en línea
como por otros medios, deberían evaluarse como un asunto privado de naturaleza
civil, y no como un delito”.
Human Rights Watch instó al gobierno de
Filipinas a derogar la ley penal sobre injurias que está vigente actualmente.
El gobierno de Aquino, por su parte, ha mostrado escaso interés en apoyar una
norma que está siendo tratada actualmente en el Congreso filipino y que
despenalizaría las injurias.
Además de la sección sobre injurias, la ley
contiene una disposición que otorga nuevos poderes al Departamento de Justicia
para que, por iniciativa propia y sin necesidad de una orden judicial, pueda ordenar
el cierre de cualquier sitio web si considera que viola la ley. También
autoriza a la policía a recabar datos informáticos en tiempo real sin una orden
de la justicia.
La aplicación de las leyes penales sobre
difamación también ha inhibido expresiones de otros sectores, particularmente
aquellos con participación en temas similares.
Cuando los ciudadanos se enfrentan a la
posibilidad de terminar en prisión por denunciar el desempeño de las
autoridades, la corrupción o prácticas comerciales abusivas, es esperable que
otras personas se hagan eco de esta advertencia y probablemente decidan no
involucrarse en este tipo de problemas, lo cual redunda en detrimento de la
gobernabilidad efectiva y la sociedad civil.
En los últimos años, varios periodistas de
Filipinas han sido encarcelados por injurias, y esto ha agudizado la precaria
situación de la libertad de expresión en el país. En el caso del periodista de
radio Alexander Adonis de la ciudad de Davao, que en 2007 fue condenado a dos
años de prisión por injurias, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas determinó que el gobierno filipino había violado
el artículo 19 sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité exhortó al gobierno de
Filipinas a despenalizar las injurias.
“Mientras se mantenga vigente, la nueva ley sobre delitos informáticos
tendrá un efecto inhibitorio para todos los miembros de la comunidad en línea
de Filipinas”, indicó Adams.
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