En este orden de ideas, desde entonces se han creado Leyes
con el fin de regular esta área del Derecho; donde destacan: Decreto con Rango
de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001); Ley Orgánica de
Telecomunicaciones (2000); Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(2008); Ley Especial contra Delitos Informáticos (2008), entre otras
Leyes.
Esta última representa un gran aporte para el Marco
Jurídico Venezolano, en virtud de que primeramente conceptualiza una serie de
térmico informáticos del argot popular que jurídicamente no estaban definidos,
así como la Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Así mismo están
tipificados los delitos informáticos y los medios de sanción; donde destacan
entre otros aspectos: espionaje informático, difusión y exhibición de material
pornográfico, apropiación de propiedad intelectual, acceso a información
privada, espionaje informático, falsificación de documentos, manejo
fraudulentos de tarjetas inteligentes, entre otras cosas que hasta entonces no
estaban consideradas como pena.
Es así como se puede apreciar la Impacto Jurídico que tiene el Derecho Informático en la Sociedad y en el resto de las Ciencias del Derecho, donde destaca el Derecho Penal, ya el Código Orgánico Procesal Penal anterior y el que recién se aprobó hace un mes, no considera aspectos directamente vinculantes al delito informático pero si regula las sanciones para determinados hechos que están considerados como una violación a las normas del derecho, y por ende, la Ley Especial contra Delitos Informáticos es el marco legal referencial por excelencia para dicha área. El Estado más allá de la creación de la Ley, ha establecido y creado unidades administrativas para resguardar la seguridad del público ante delitos informáticos, tal es el caso de la División contra Delitos Informáticos del CICP; unidad que fue creada única y exclusivamente para realizar las investigaciones sobre los delitos informáticos.
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