La ministra de Seguridad, Nilda Garré, explicó que el Proyecto X "no es un plan secreto de espionaje" y no se utilizó nunca en intervenciones de la Gendarmería en manifestaciones sociales. Tras la polémica generada y el pedido de la oposición del Congreso para que la funcionaria brinde explicaciones en el cuerpo legislativo, la Ministra aclaró que es una “herramienta informática”.
Al brindar una conferencia de prensa en la que explicó la "naturaleza real" del proyecto así como la actuación de la Gendarmería Nacional, "ante información inexacta, deformada e incompleta que parte del desconocimiento de la situación", Garré destacó que la Justicia pide la búsqueda de personas para que sea concretada.
"Proyecto X es una herramienta informática. No es un plan secreto de espionaje sino que sirve al entrecruzamiento de información criminal en causas judiciales de delitos complejos", dijo Garré, y precisó que su utilización fue requerida en los últimos 5 años en 285 causas por distintos jueces y fiscales de todo el país.
Explicó que fue instalado en Gendarmería en el año 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando el secretario de Seguridad era Miguel Angel Toma, y que fue actualizado en 2006. "Se trata de un sistema informático de inteligencia criminal para investigar delitos complejos, creando una base de datos que permite entrecurzar información y acelerar análisis en situaciones de inteligencia y de investigación", completó.
En la rueda de prensa, la funcionaria brindó detalles de una exhaustiva auditoria que realizó el ministerio en el Edificio Centinela -donde está instalado el servidor-, que permitió determinar que el proyecto "nunca fue utilizado en intervenciones de Gendarmería en manfiestaciones sociales", sino que "tiene otra finalidad y otros usos".
La Ministra explicó que la auditoría consistió en copiar la base de datos del Proyecto X en un servidor propio del ministerio para revisar íntegramente su contenido.
Y precisó que en las manifestaciones sociales interviene la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud), un "área de apoyo a la justicia", que "no tiene relación ni acceso" al Proyecto X y que tiene sede en Campo de Mayo, pero no actúa en colaboración con el Ejército Argentino. "Todas las actuaciones de la Uesprojud para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la justicia, fotografiando, filmando o con estudios socio ambientales, según lo requiere el juez interviniente", completó.
En ese marco, puso como ejemplo los cortes en la Panamericana por parte de trabajadores de la empresa Kraft, donde actuó la Uesprojud, según lo solicitó la justicia para "individualizar e identificar a los principales referentes del corte".
Ante una consulta, la Ministra aclaró que el Poder Judicial "es garante de que no se esté infringiendo ninguna ley" con este tipo de solicitudes, y agregó que "el contralor lo ejerce" la justicia.
En cuanto al Proyecto X, la titular de la cartera de Seguridad sostuvo que "ninguna de las personas identificadas en esa base de datos fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas, estudiantiles o gremiales". Aclaró, asimismo, que la iniciativa fue inscripta en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en 2007, y "no se financia con gastos reservados, sino con corrientes de mantenimiento".
Según se desprende de la auditoría, la base de datos de Proyecto X cuenta con 34 mil asientos, de los cuales 25 mil se refieren a personas identificadas -ninguno es dirigente político, ni sindical, ni indígena, ni ambiental- y el resto a apodos y sobrenombres.
Al brindar una conferencia de prensa en la que explicó la "naturaleza real" del proyecto así como la actuación de la Gendarmería Nacional, "ante información inexacta, deformada e incompleta que parte del desconocimiento de la situación", Garré destacó que la Justicia pide la búsqueda de personas para que sea concretada.
"Proyecto X es una herramienta informática. No es un plan secreto de espionaje sino que sirve al entrecruzamiento de información criminal en causas judiciales de delitos complejos", dijo Garré, y precisó que su utilización fue requerida en los últimos 5 años en 285 causas por distintos jueces y fiscales de todo el país.
Explicó que fue instalado en Gendarmería en el año 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando el secretario de Seguridad era Miguel Angel Toma, y que fue actualizado en 2006. "Se trata de un sistema informático de inteligencia criminal para investigar delitos complejos, creando una base de datos que permite entrecurzar información y acelerar análisis en situaciones de inteligencia y de investigación", completó.
En la rueda de prensa, la funcionaria brindó detalles de una exhaustiva auditoria que realizó el ministerio en el Edificio Centinela -donde está instalado el servidor-, que permitió determinar que el proyecto "nunca fue utilizado en intervenciones de Gendarmería en manfiestaciones sociales", sino que "tiene otra finalidad y otros usos".
La Ministra explicó que la auditoría consistió en copiar la base de datos del Proyecto X en un servidor propio del ministerio para revisar íntegramente su contenido.
Y precisó que en las manifestaciones sociales interviene la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud), un "área de apoyo a la justicia", que "no tiene relación ni acceso" al Proyecto X y que tiene sede en Campo de Mayo, pero no actúa en colaboración con el Ejército Argentino. "Todas las actuaciones de la Uesprojud para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la justicia, fotografiando, filmando o con estudios socio ambientales, según lo requiere el juez interviniente", completó.
En ese marco, puso como ejemplo los cortes en la Panamericana por parte de trabajadores de la empresa Kraft, donde actuó la Uesprojud, según lo solicitó la justicia para "individualizar e identificar a los principales referentes del corte".
Ante una consulta, la Ministra aclaró que el Poder Judicial "es garante de que no se esté infringiendo ninguna ley" con este tipo de solicitudes, y agregó que "el contralor lo ejerce" la justicia.
En cuanto al Proyecto X, la titular de la cartera de Seguridad sostuvo que "ninguna de las personas identificadas en esa base de datos fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas, estudiantiles o gremiales". Aclaró, asimismo, que la iniciativa fue inscripta en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en 2007, y "no se financia con gastos reservados, sino con corrientes de mantenimiento".
Según se desprende de la auditoría, la base de datos de Proyecto X cuenta con 34 mil asientos, de los cuales 25 mil se refieren a personas identificadas -ninguno es dirigente político, ni sindical, ni indígena, ni ambiental- y el resto a apodos y sobrenombres.
Publicado por INFOREGION
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